El Tribunal Oral Federal N° 5 de Buenos Aires dictará sentencia el próximo 11 de diciembre en la causa por la Masacre de Devoto de 1978. Si el fallo condena a los exfuncionarios, se trataría de la primera sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos contra detenidos comunes durante la última dictadura cívico-militar argentina.
El 14 de marzo de 1978, la Unidad Penitenciaria N° 2 de Villa Devoto se convirtió en escenario de una represión salvaje. Sesenta agentes penitenciarios ingresaron al Pabellón 7°, un espacio con capacidad para 60 personas que, en ese momento, alojaba a 161 detenidos. La excusa para la violenta requisa fue que un preso se había negado a apagar el televisor hasta terminar una película la noche anterior.
Durante décadas, el Sistema Penitenciario calificó los hechos como un «motín». Hoy, tres exfuncionarios están a punto de recibir una condena por la muerte de 65 detenidos (aunque la causa judicial acusa a los funcionarios por la muerte de 66) y los tormentos aplicados a 88 sobrevivientes.
Los acusados
El Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal general Abel Córdoba y la auxiliar fiscal Mara López Legaspi, solicitó penas de hasta 25 años de prisión para los acusados, pidiendo que los hechos sean declarados como delitos de lesa humanidad.
Juan Carlos Ruiz (exdirector del Instituto de Detención de Devoto) y Horacio Martín Galíndez (exjefe de la División Seguridad Interna): 25 años de prisión.
Gregorio Bernardo Zerda (excelador de la División Seguridad Interna): 22 años de prisión.
La fiscalía acusa a los imputados como coautores por el delito de tormentos seguidos de muerte reiterado en 65 oportunidades y tormentos reiterados en 88 ocasiones.
La dimensión de lesa humanidad
La abogada querellante Claudia Cesaroni subrayó la relevancia del caso para exponer la verdadera naturaleza de la represión dictatorial. «Para nosotros era importante mostrar que esta frontera [entre el militante político y el preso común] era muy lábil, que no es que solo se perseguía a militantes políticos, a las personas que se detenía por cualquier motivo también se las torturaba”, afirmó Cesaroni.
El Pabellón 7° estaba sobrepoblado por «delitos comunes» en el marco de las políticas represivas del gobierno de facto. Este juicio demuestra que la tortura y la persecución se ejercieron también en las cárceles «legales» bajo el comando del Primer Cuerpo del Ejército.
Escalada de violencia: del incidente a la masacre
El relato reconstruido detalla cómo la simple negativa de un interno se transformó en una masacre planificada.
El Foco en el Pato Tolosa. La noche anterior, un celador tuvo un altercado con los presos, particularmente con Jorge Omar «Pato» Tolosa. A las 2:45 a.m. del 14 de marzo, una «comitiva» del SPF ingresó con la excusa de interrogar a Tolosa. Según la reconstrucción, el objetivo real era «amedrentar al pabellón y secuestrar a Tolosa, del mismo modo que los grupos de operaciones trabajaban fuera de los muros».
La negativa de Tolosa a ser retirado sirvió como justificación para la requisa.
Requisa y resistencia
Aproximadamente a las 8 de la mañana, un grupo de requisa con el doble de personal habitual ingresó con «niveles de violencia exorbitantes». Ante la golpiza, los detenidos resistieron: apilaron camas e intentaron expulsar a los agentes, logrando que el grupo del SPF se retirara cerrando la reja.
Fuego y muerte. El acto de resistencia fue castigado de inmediato. Desde afuera, los agentes comenzaron a disparar con pistolas lanzagases y luego con ametralladoras. Los reclusos intentaron tapar los huecos con colchones, lo que, producto de los disparos y elementos arrojados, provocó el incendio.
El fuego no se intentó apagar. Consta en la causa que los bomberos fueron rechazados una hora después de iniciada la masacre, alegando falsamente que el incendio ya se había extinguido.
Tortura a los sobrevivientes y ejecuciones
Los 88 sobrevivientes que lograron salir del pabellón, una vez que el fuego se consumió, fueron recibidos por una doble fila de penitenciarios que les propinaron una feroz golpiza con palazos, puñetazos y cadenazos en el pasillo.
En el subsuelo, algunos sobrevivientes encerrados en celdas de castigo escucharon cómo varios de sus compañeros eran ejecutados con armas de fuego, incluido Pato Tolosa, quien supuestamente había sido trasladado al Hospital del Quemado, según los registros oficiales.
La fiscalía concluyó que la responsabilidad de los acusados está probada en la preparación y ejecución de un ataque violento que no se interrumpió, sino que continuó incluso después de que el incendio se apagara.
El 11 de diciembre, se espera la sentencia que podría confirmar que el terrorismo de Estado también se ensañó con los presos comunes.
Claudia Cesaroni, abogada querellante en la causa, entrevistada por Radio Futura, La Plata.
Documento «De motín de los colchones a Masacre del pabellón Séptimo. La resignificación del sujeto
a través del recorrido judicial. Claudia Cesaroni, Denise Feldman.
